El acuerdo entre las direcciones nacionales del PP y Vox deja fuera de la candidatura a María del Mar Arévalo e incorpora a Alba Moreno Santa, antigua responsable de comunicación de Vox en Madrid. La decisión abre un debate sobre la representación territorial y el papel de las organizaciones canarias en la elección de sus candidatos.

RETURCAN.COM | Política | 31 de octubre de 2026

El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha provocado malestar en sectores del PP de Canarias, especialmente por la decisión de incorporar a candidatos propuestos por Vox en las listas al Senado por Gran Canaria y Tenerife.

En Gran Canaria, la principal novedad es la incorporación de Alba Moreno Santa, vinculada profesional y políticamente a Vox en Madrid, en sustitución de María del Mar Arévalo, que figuraba inicialmente en la candidatura popular.

La decisión responde a una estrategia electoral negociada entre las direcciones nacionales de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, mediante la cual Vox renuncia a presentar candidaturas propias al Senado en Canarias a cambio de incorporar aspirantes propuestos por la formación a las listas del PP.

¿Quién defenderá los intereses de Gran Canaria?

La designación plantea una cuestión política que trasciende las diferencias entre partidos: ¿qué conocimiento de los problemas de Gran Canaria debe exigirse a quien aspira a representarla en el Senado?

La insularidad, los sobrecostes del transporte, la conectividad aérea y marítima, la vivienda, las infraestructuras y las dificultades de los servicios públicos son asuntos que afectan directamente a la ciudadanía canaria.

Aunque residir fuera del Archipiélago no impide legalmente representar a una isla, resulta legítimo preguntar qué experiencia y conocimiento territorial aporta la candidata y cuáles serán sus compromisos concretos con Gran Canaria.

El malestar dentro del Partido Popular

Las informaciones publicadas por distintos medios canarios apuntan al descontento de dirigentes y militantes populares ante una decisión adoptada desde Madrid que modifica las candidaturas previamente previstas.

El acuerdo también sitúa bajo el foco político al presidente del PP canario, Manuel Domínguez, por el papel desempeñado por la organización regional en las negociaciones.

Desde la perspectiva de las direcciones nacionales del PP y Vox, la operación busca concentrar apoyos y mejorar sus posibilidades de representación en el Senado.

Sin embargo, esta estrategia abre otro debate: ¿hasta qué punto deben las organizaciones territoriales aceptar cambios en sus candidaturas cuando responden a acuerdos electorales de ámbito estatal?

¿Representación territorial o estrategia de partido?

El Senado está definido constitucionalmente como una cámara de representación territorial. Por ello, la elección de candidatos en territorios insulares adquiere una dimensión particular.

La designación de Alba Moreno Santa no supone por sí misma un incumplimiento de las normas electorales. No obstante, su trayectoria vinculada a Madrid y la ausencia de vínculos conocidos con Canarias justifican que se soliciten explicaciones sobre su proyecto para la isla.

¿Conoce las necesidades del Puerto de Arinaga, las dificultades de movilidad del Sureste, los problemas de vivienda o las demandas sanitarias de los municipios grancanarios?

Son preguntas que cualquier aspirante a representar Gran Canaria debería poder responder con propuestas y compromisos verificables.

Una decisión que reclama explicaciones

La controversia pone de relieve la tensión que puede producirse entre las estrategias electorales nacionales y las expectativas de representación de los territorios.

Corresponde ahora al Partido Popular de Canarias explicar las razones de la sustitución de María del Mar Arévalo y a la candidata propuesta por Vox presentar públicamente sus prioridades para Gran Canaria.

La cuestión de fondo no es únicamente dónde reside una candidata, sino qué conocimiento acredita, qué compromisos asume y cómo rendirá cuentas ante la ciudadanía a la que aspira a representar.

El próximo 29 de noviembre, los electores tendrán la oportunidad de valorar tanto las candidaturas como las explicaciones ofrecidas por las formaciones políticas.